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Tag Archives: violencia de género

¿Por qué no se denuncia la violencia machista?

14/06/2015

Autora: María Concepción Torres Díaz. Profesora de Derecho Constitucional (UA) y Abogada.

Publicado originalmente en el Blog de Agenda Pública para el eldiario.es. Puede consultarse en la siguiente dirección url: http://www.eldiario.es/agendapublica/blog/denuncia-violencia-machista_6_398670147.html

El viernes 12 de junio el Grupo de Expertos/as en Violencia de Género y Doméstica del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hacía público el informe de datos judiciales estadísticos sobre violencia de género correspondientes al primer trimestre de 2015. Entre los datos que cabe reseñar cabe prestar especial atención a las denuncias por violencia machista. Y es que se observa una disminución en las denuncias presentadas en el primer trimestre de 2015 con respecto al trimestre de 2014. En este sentido cabe destacar que mientras que en estos primeros tres meses del año 2015, el número de denuncias presentadas por violencia machista se situó en 30.293, en 2014 el número de denuncias ascendió a 30.411. Se observa en este último año un descenso del 0,4%. Descenso que, quizás, no sea muy acusado pero que cruzado con otros datos como las renuncias a seguir con el procedimiento, el acogimiento a la dispensa para no declarar, los sobreseimientos, etc. revelan dimensiones de este tipo de violencia que es necesario abordar. Continue Reading

¿Qué devela el género en el análisis de la violencia contra las mujeres?

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Autora: María Concepción Torres Díaz. Abogada y Profesora de Derecho Constitucional (UA).

Artículo original publicado en Agenda Pública. Fecha de publicación: 7/02/2016. Puede consultarse aquí: http://agendapublica.es/3045-2/

En este momento político de pactos es necesario recordar que recientemente diversos medios de comunicación se hacían eco de las propuestas de Ciudadanos en materia de violencia de género recogidas en su programa electoral con motivo del 20D. Saltaban a la palestra informativa propuestas como las de “acabar con la asimetría penal por cuestión de sexo” así como errores conceptuales de calado al afirmar que la violencia de género es bidireccional. Pues bien, la pregunta es obligada: ¿qué denotan estas manifestaciones? Obviamente, un profundo desconocimiento de la realidad de este tipo de violencia y del marco conceptual adecuado para su abordaje. ¡Ojo!, pero este desconocimiento no es solo de esta formación política sino que es más generalizado afectando a sectores en los que la formación especializada debería exigirse en requisito sine qua non.

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Cuando el objeto de transacción es el útero de las mujeres

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Autora: María Concepción Torres Díaz. Abogada y Profesora de Derecho Constitucional (UA). Artículo publiado originalmente en la sección ‘pensamiento’ de Bez.es. Fecha de publicación: 28/04/2016. Puede consultarse aquí: http://www.bez.es/8415577/Polemicas-de-la-materninad-subrrogada.html

El pasado 17 de marzo la Asamblea de Madrid rechazó la Proposición no de Ley sobre Gestación Subrogada del Grupo Parlamentario de Ciudadanos por la que instaba al Gobierno a la Nación a impulsar de forma inmediata una Ley de regulación de Gestación Subrogada “que garantice los derechos de todas las personas intervinientes en el proceso, y de forma especial a los menores fruto de esa técnica de reproducción”. Pues bien, son muchas las cuestiones sobre la que reflexionar al hilo del propio texto de la Proposición no de Ley teniendo en cuenta que tiene como antecedente inmediato la Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Unió Progreso y Democracia para la creación de un marco regulatorio para la gestación subrogada que fue objeto de abordaje en la legislatura anterior. Se constata, por tanto, los intentos regulatorios sobre una materia no pacífica y objeto de posturas enfrentadas. De ahí la necesidad de centrar el objeto del debate actual y de hacerlo en base a una triple dimensión, a saber:

  • Desde la óptica de los derechos humanos (y/o fundamentales) y los límites que éstos imponen a los poderes establecidos (y, en especial, al legislativo).
  • Desde los planteamientos de la bioética y los bioderechos y, obviamente, desde el biopoder en clara alusión a Foucault en La Historia de la Sexualidad.
  • Desde la perspectiva de género como categoría de análisis jurídico y sus implicaciones en el reconocimiento de la subjetividad jurídica y política de las mujeres.

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Violencia de género y protección de menores: ¿qué dicen los datos?

Mª Concepción TorresAutora: María Concepción Torres Díaz. Abogada y Profesora de Derecho Constitucional (UA). Artículo publicado originalmente en Agenda Pública. (Fecha de publicación: 12/04/2016). Puede consultarse aquí: http://agendapublica.es/violencia-de-genero-y-proteccion-de-menores-que-dicen-los-datos/

El pasado 11 de marzo de 2016 el Grupo de Expertos/as del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial hacía públicos los datos sobre denuncias, procedimientos penales y civiles registrados, órdenes de protección y medidas de protección y seguridad solicitadas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM) y sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales en esta materia en el año 2015.  Entre los datos a destacar cabe prestar especial atención a las medidas de protección sobre menores adoptadas en el marco de la orden de protección (OP, en adelante) y/o como medidas cautelares (MC, en adelante). Y es que se observa un incremento – mínimo, eso sí – en la adopción de medidas de suspensión del régimen de visitas (728 en el marco OP y 60 como MC), suspensión de la patria potestad (84 OP y 9 MC) y suspensión de la guarda y custodia (1223 OP y 46 MC) con respecto al año anterior. Sin duda son datos a tener en cuenta que, en cierta forma, parecen querer atisbar un cierto cambio de paradigma en lo que atañe a la conceptualización de las y los menores como víctimas de la violencia de género que se ejerce sobre sus madres en clara consonancia con los últimos cambios normativos recogidos, básicamente, en la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia y Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. En la misma tendencia de cambio cabría ubicar la nueva línea doctrinal que parece vislumbrarse tras las últimas sentencias del Tribunal Supremo (STS, Sala de lo Penal de 30 de septiembre de 2015; STS, Sala de lo Civil de 26 de noviembre de 2015; STS, Sala de lo Civil de 4 de febrero de 2016) e, incluso, del Tribunal Constitucional (STC 16/2016, de 1 de febrero) en lo que afecta a la delimitación de términos que no son nuevos pero que gozaban de cierta vaguedad normativa y/o jurisprudencial habiendo sido interpretados tradicionalmente desde un posicionamiento falsamente neutral (y/o con sesgos de género) que no solo veían compatible ser un buen padre de familia con un agresor por violencia de género sino que desvirtuaban la subjetividad jurídica de las y los menores en aspectos tan concretos (y relevantes) desde la óptica del reconocimiento de sus derechos como la determinación del llamado “interés superior de las y los menores” y del “derecho de éstos a ser escuchados”. Continue Reading

¿Por qué son asesinatos machistas?

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07/08/2015

Autora: María Concepción Torres Díaz. Profesora de Derecho Constitucional (UA) y Abogada.

Publicado originalmente en elPeriódico.com. Puede consultarse en la siguiente dirección url: http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/por-que-son-asesinatos-machistas-4415357

 

Diversos medios de comunicación se hacían eco ayer del asesinato de una mujer y sus dos hijos en su casa de Castelldefels a manos presuntamente de su marido. En el mismo día conocíamos también el asesinato de una mujer en Rubí a manos presuntamente de su hijo de 17 años y todo ello sin apenas reponernos del asesinato de dos niñas la semana pasada en Moraña (Pontevedra) presuntamente a manos de su padre. Unos medios hablan de violencia doméstica. Otros de violencia intrafamiliar y/o parricidio. Ahora bien -con las cautelas propias del avance de las distintas investigaciones- sí cabría apuntar algunos elementos en común que nos permitirían catalogar estos casos como asesinatos machistas (y/o violencia de género). Continue Reading

Patria potestad y violencia de género: ¿cambio de paradigma?

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Autora: María Concepción Torres Díaz. Abogada y Profesora de Derecho Constitucional (UA). Analista de Agenda Pública. Publicación original en Agenda Pública. Fecha de publicación: 16/02/2016. Puede consultarse aquí: http://agendapublica.es/patria-potestad-y-violencia-de-genero-cambio-de-paradigma/

 

El pasado 29 de septiembre la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo avaló la privación de la patria potestad por vía penal en un intento de asesinato de la pareja presenciado por la hija menor. La sentencia resulta significativa teniendo en cuenta la reacia tendencia jurisprudencial del Tribunal Supremo relativa a la pena de privación de la patria potestad – sin perjuicio de acudir a la vía civil – y todo ello pese a que desde el 2010 la reforma introducida en el art. 55 del Código Penal prevé – como potestativa y con naturaleza accesoria – tal imposición en penas de prisión igual o superior a diez años siempre y cuando exista una relación directa entre el delito cometido y la privación de este derecho. Significativas resultan – en estos sentido – las palabras del Supremo cuando en su fundamento jurídico quinto dice textualmente: “(…) repugna legal y moralmente, mantener al padre en la titularidad de unas funciones respecto de las que se ha mostrado indigno pues resulta difícil imaginar un más grave incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad que el menor presencie el severo intento del padre de asesinar a su madre”. Se trata de una sentencia importante en tanto en cuanto se podría decir que marca un antes y un después en el ámbito de la violencia de género y en su afectación a las y los menores. La razón es obvia toda vez que cabe observar una ruptura con ese discurso jurisprudencial/patriarcal dominante que ha visto compatible ser un agresor por violencia de género a la par que un buen padre de familia. El propio Supremo – en la sentencia referenciada – habla de ‘resistencia’ a la aplicación en el proceso penal de la pena de privación de la patria potestad. Resistencia que cabe constatar tras un análisis de su jurisprudencia concretándose en la adopción del Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de Sala de 26 de mayo de 2000. Ahora bien, ¿cuáles son los términos en los que se concreta esa ruptura discursiva dominante en sede jurisprudencial? ¿Habrán influido las últimas modificaciones normativas en materia de protección de menores, a saber; Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y, Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia? ¿Y el II Plan de Infancia y Adolescencia 2013-2016? ¿Y la condena de la ONU a España en el caso González Carreño? Pues bien, vayamos por parte y veamos en donde radican los cambios:

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La ‘especial trascendencia constitucional’ ante la violencia machista

Concepción Torres    Por María Concepción Torres Díaz. Abogada y Profesora de Derecho Constitucional (UA)

02/09/2015

El pasado 25 de mayo diversos medios de comunicación social se hacían eco de la decisión del Tribunal Constitucional (TC, en adelante) de suspender cautelarmente la orden que obligaba a una madre de Jaén a entregar a su hija al padre imputado en España por violencia de género. Éste era uno de los pronunciamientos de la providencia de admisión a trámite del máximo intérprete constitucional ante el recurso de amparo presentado por la madre. Sin duda, un pronunciamiento esperanzador desde el punto de vista particular para la recurrente en amparo pero cuya trascendencia cabe esperar que vaya más allá por los derechos susceptibles de verse afectados y por la ‘especial trascendencia constitucional’ que aunque – sin entrar en el fondo de la cuestión – la Sala Segunda del TC parece atisbar en estos momentos en donde su valoración se concreta únicamente como mero requisito formal de admisión del recurso planteado (vid. art. 50.1 LOTC). Continue Reading

25N y violencia de género: reflexiones sobre los cambios normativos

 Concepción Torres   Artículo de María Concepción Torres Díaz. Profesora de Derecho Constitucional y Abogada. Publicado para Agenda Pública en eldiario.es el 24/11/2015. Puede consultarse aquí: http://www.eldiario.es/agendapublica/blog/violencia-genero-reflexiones-cambios-normativos_6_455714451.html

El 20 de noviembre de 2015 el Consejo de Ministros aprobaba la Declaración institucional con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En dicha Declaración se alude a los cambios normativos llevados a cabo durante el último año en el marco de la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013/2016 aprobada al amparo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Pues bien, partiendo de las anteriores consideraciones, a continuación se recogen – sin ánimo de ser exhaustivo –, un elenco de las normas aprobadas en el último año con una incidencia directa en el abordaje de la violencia de género, a saber:

  1. Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea ( BOE de 21 de noviembre de 2014 con entrada en vigor el 11 de diciembre de 2014).
  2. Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal ( BOE de 31 de marzo de 2015 con entrada en vigor el 1 de julio de 2015).
  3. Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito ( BOE de 28 de abril de 2015 con entrada en vigor el 28 de octubre de 2015).
  4. Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria ( BOE de 3 de julio de 2015 con entrada en vigor el 23 de julio de 2015).
  5. Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por el que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ( BOE de 22 de julio con entrada en vigor el 1 de octubre de 2015).
  6. Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia ( BOE de 23 de julio con entrada en vigor 12 de agosto de 2015).
  7. Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia ( BOE de 29 de julio con entrada en vigor el 18 de agosto de 2015).
  8. Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil ( BOE de 6 de octubre de 2015   con entrada en vigor el 7 de octubre de 2015 – salvo excepciones).
  9. Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social ( BOE de 10 de octubre de 2015 con entrada en vigor el 11 de octubre de 2015).
  10. Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado ( BOE de 15 de octubre de 2015 con entrada en vigor el 16 de octubre de 2015).
  11. Protocolo de actuación para la atención de las mujeres víctimas de violencia de género en el exterior de fecha 8 de octubre de 2015.

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El riesgo objetivo en los casos de violencia de género

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Artículo de María Concepción Torres Díaz. Profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante y Abogada. Publicado en Agenda Pública. Fecha de publicación: 06/11/2015.

El 8 de septiembre tuvo lugar la Apertura del Año Judicial en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. En dicho acto la Fiscal General del Estado presentó los datos correspondientes a la Memoria de la Fiscalía 2015 en donde se recoge la actividad desplegada por el Ministerio Fiscal en el año 2014. Sin perjuicio de otras consideraciones de interés  recogidas en la Memoria relacionadas con la siniestralidad laboral, medio ambiente y urbanismo, extranjería, seguridad vial, vigilancia penitenciaria, delitos económicos, etc., el objeto de este post no es otro que analizar los datos que se incluyen referentes a la implantación y uso del Protocolo médico-forense de valoración urgente de riesgo como herramienta necesaria para llevar a cabo la valoración de riesgo objetivo en casos de violencia de género. Y es que es de significar su escasa utilización según se recoge en la Memoria de la Fiscalía – aspecto que no es nuevo ya que en la Memoria del año anterior (2014) ya se incidía en este extremo. En este sentido cabe destacar como en el año 2014 se emitieron 352 informes siguiendo el Protocolo citado. Un dato que si se compara con las solicitudes de órdenes de protección tramitadas en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y en Juzgados de Guardia – 33.167 según datos del Consejo General del Poder Judicial – ponen de manifiesto su exigua implantación. Y es que estamos hablando de que solo en un 1,05% de las solicitudes de órdenes de protección tramitadas se han emitido informes forenses de valoración de riesgo. Ante estos datos – y como se recoge en la Memoria de la Fiscalía – urge incrementar los esfuerzos para dar a conocer el Protocolo entre los órganos judiciales y médicos/as forenses.

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