Concepción Torres

Artículo de María Concepción Torres Díaz. Profesora de Derecho Constitucional y Abogada. Publicado en Bez.es el 09/11/2015. Puede consultarse aquí: http://www.bez.es/892372084/El-7N-como-punto-de-inflexion.html

El sábado 7 de noviembre hubo una cita importante en Madrid: la Marcha Estatal contra las Violencias Machistas. Una gran manifestación convocada por asociaciones feministas y a las que se han ido sumando voces críticas con la forma de socialización patriarcal. El éxito de la convocatoria ha supuesto – desde el punto de vista público/político – una denuncia colectiva sin precedentes de las violencias (en plural) que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo. Y hablar de violencias implica un claro posicionamiento frente al pacto patriarcal. Implica visibilizar el conflicto sexo/género que ha favorecido que el contrato sexual (Pateman, 1988) – o, en palabras de Jónasdóttir (1993), el pacto socio/sexual – haya permanecido casi inmutable a lo largo del tiempo. Y esto no es banal desde el momento en que se observa como las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales han emergido (y emergen) de ese pacto primigenio que se ha valido de la institucionalización de la subordinación sexual de las mujeres. Gerda Lerner (1986) ya se manifestaba en estos términos cuando denunciaba el control sexual de las mujeres. Control que ha tenido (y tiene) múltiples dimensiones como la apropiación de la capacidad sexual y reproductiva de las mujeres, la perpetuación de su dependencia económica, la escasa visibilización de las mujeres en los espacios de poder, etc. Y es que, no nos equivoquemos, es la práctica discursiva y cultural de ‘lo sexual’ desde el paradigma dominante desde donde se legitima la subordinación sexual de las mujeres (y desde donde ésta se perpetúa). Una subordinación basada en la diferencia sexual que los feminismos – como pensamiento crítico – han identificado como diferencia política, esto es, la diferencia entre la libertad y la sujeción. Pero, incluso, se podría ir más allá y hablar de la diferencia entre lo que supone el ser conceptuadas como ‘sujetos’ o el ser instaladas en la otredad en clara referencia a Simone de Beauvoir (1949). Una diferencia que se podría concretar – en última instancia – en determinar quién ejerce el poder y quién mantiene sus privilegios. Y no menos importante en determinar el marco conceptual de análisis en aras de una aproximación crítica al desarrollo normativo en materia de igualdad. Desde estos planteamientos el análisis de los espacios y las prácticas discursivas del poder se tornan esenciales. Y todo ello para identificar y denunciar las violencias machistas y sus múltiples dimensiones. El análisis de datos – en este punto resulta crucial – máxime teniendo en cuenta que un 25,4% de mujeres ha sufrido violencia psicológica de control en España alguna vez en la vida, un 21,9% ha sufrido violencia psicológica emocional y un 10,8% ha sufrido violencia económica (datos de la Macroencuesta sobre violencia de género correspondiente a 2015). O que un 5% de las europeas mayores de 15 años ha sido violada, un 43% de mujeres europeas ha sufrido alguna forma de violencia psicológica por parte de su actual pareja masculina o de una anterior y un 55% de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido alguna forma de acoso sexual (datos del Informe de 2014 de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea).

Se podría seguir dando cifras en aras de constatar la dimensión de la desigualdad estructural del sistema sexo/género y, en este sentido, resulta esencial significar el número de mujeres asesinadas en el ámbito afectivo/convivencial en España desde 1995: 1380 aproximadamente. En la misma línea cabría citar las 36 mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en lo que va de año y los 8 menores asesinados por violencia de género en este mismo periodo temporal (datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).

Continuando con la aportación de datos empíricos – en aras de dotar de objetividad al saber oficial – cabría señalar como en Europa – de media, y por hora trabajada – la retribución bruta de las mujeres es un 16,6% inferior a la de los hombres (datos de la agencia estadística Eurostat) lo que supone que las mujeres ingresan aproximadamente un 19,3% menos que los hombres por el mismo trabajo. En el ámbito de la representación política las mujeres en el mundo representan solo un 22% de las y los parlamentarios (datos de la ONU) y si nos vamos a la presencia de las mujeres en los medios de comunicación pese a que ésta ha aumentado, todavía un 46% de las historias siguen reforzando estereotipos sexistas y de género.

Con respecto a la situación de las mujeres en la cultura solo el 8% de las películas son dirigidas por mujeres y el 84% de las direcciones teatrales son masculinas. Por su parte, los datos sobre la igualdad en la universidad reflejan la situación de las mujeres en la Academia. Lo expuesto hasta este momento evidencia la desigualdad estructural del sistema sexo/género.

De ahí la importancia del #7N y de las potencialidades de una convocatoria histórica en nuestro país (con el precedente del Tren de la Libertad) en cuanto a posicionamiento en el espacio público/político de las demandas de las mujeres: la mitad de la humanidad. Unas demandas que – se podrían concretar – desde el punto de vista jurídico/político/constitucional – en el reconocimiento de la subjetividad jurídica y política de las mujeres (y sus implicaciones) lo que lleva de suyo el reconocimiento de la fundamentalidad del derecho a una vida libre de violencia de género en todas sus manifestaciones y en todos los espacios. El #7N todas estas reivindicaciones adquieren un nueva nueva dimensión porque el #7N ha supuesto un punto de inflexión. Y es que si para el feminismo de los años 60-70 del siglo XX el eslogan fue ‘lo personal es político’ para los feminismos del siglo XXI sin abandonar ese primer eslogan ‘lo político también es personal’ desde el momento en el que determinadas decisiones (u omisiones) adoptadas en los espacios de poder trascienden y determinan las condiciones de vida de la ciudadanía y, particularmente, de las mujeres. Titulaba este post “El #7N como punto de inflexión” y ahí lo dejo con la esperanza de que haya supuesto un antes y un después en el reconocimiento del derecho a una vida libre de violencia de género y en el reconocimiento sin ambages de la subjetividad jurídica y política de las mujeres.