Autora: María Concepción Torres Díaz. Abogada y Profesora de Derecho Constitucional. Publicación original en Bez.es. Fecha de publicación: 23/08/2016.
En líneas generales, las cuestiones sobre las que se ciernen las dudas sobre la constitucionalidad de la norma se pueden aglutinar en dos grupos. Unas relacionadas con los límites materiales y formales del decreto ley y otras de carácter sustantivo. Con respecto a las primeras se cuestiona la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad (art. 86.1 de la Constitución) para legislar por decreto ley, se denuncia que las modificaciones acometidas mediante esta norma no son de carácter coyuntural sino estructural y, por último, que estas sobrepasan los límites materiales aplicables al decreto ley por afectar a derechos, deberes y libertades constitucionales y al régimen de las comunidades autónomas.
Desde el punto de vista sustantivo, las dudas sobre la constitucionalidad de la norma se centran en la infracción del art. 43 de la Constitución, en relación en el régimen de aportación de los usuarios y usuarias a determinadas prestaciones sanitarias, la transformación de un sistema universalista en un sistema de aseguramiento que exige el pago de las prestaciones o la suscripción de un convenio especial, la sustancial modificación del sistema de protección de la salud del que venían disfrutando los inmigrantes, la modificación de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y del sistema de aportaciones económicas en la prestación farmacéutica de los pensionistas, la afectación al derecho a la protección de datos (art. 18.4 de la Constitución) y al régimen de las comunidades autónomas, por cuanto exige que se garantice previamente la suficiencia financiera en el marco de los criterios de estabilidad presupuestaria.
